Estamos hablando de los alumnos con discapacidad auditiva, visual, motora, física orgánica, intelectual, pluridiscapacidad, trastorno grave de la conducta, trastorno del espectro autista, trastorno mental, del lenguaje, retraso global del desarrollo, trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dificultades del aprendizaje (como la dislexia), altas capacidades o con problemas por la incorporación tardía al sistema educativo, etc.
Es verdad que hay que optimizar recursos, pero lo curioso es que siempre se recorta por los más débiles. Y optimizar nunca debe ser sinónimo de gastar MENOS, sino de gastar MEJOR, y de optimizar el trabajo y los servicios que se prestan.
Este tipo de decisiones que tienen que ser políticas no deben terminar como parece que está de moda en los últimos años, en los Tribunales de Justicia. Debe ser un proceso donde los médicos, los profesionales de la educación, las familias y los políticos sepan trabajar todos los procesos y necesidades y tomar decisiones que favorezcan a las familias implicadas y en último término también a la sociedad. Decisiones que es siempre muy complicado tomar desde normas cerradas.
Estamos hablando de unos 8.000 alumnos aragoneses y sus familias que necesitan una atención educativa diferente al resto de aragoneses. Son alumnos que se dividen entre los 943 ya matriculados en colegios de Educación Especial, casi 3.200 con alguna discapacidad física, intelectual o de conducta, 182 alumnos con altas capacidades, con otros 382 niños que se han incorporado tarde al sistema educativo y más de 3.300 alumnos con problemas especiales de aprendizaje.
Al cambiar los criterios de admisión de alumnos a estos procesos “diferentes” —donde cambian las normas de admisión y los procesos ahora evaluados por otros sistemas y personas— se entra en una situación de temor, intranquilidad y desasosiego en muchas familias, al no existir claramente una normas de reconocimiento individualizado que sirvan para acceder a becas, colegios diferentes, sistemas educativos más personalizados, etc.
No está afectando a los Centros de Atención Especial, pero en cambio es constante la baja de alumnos afectados pero con situaciones "intermedias", alumnos que no necesitan una adaptación curricular especial, donde con la nueva norma deben ser los profesores los que apliquen y diseñen las medidas de adaptación, para lo que no todos los profesores están preparados o tienen disponibilidad y tiempo.
Bajar el número de alumnos ACNEAE ante la saturación que a veces parece incluso provocada por algunos Centros Concertados debe hacerse con unos criterios de control exquisito, pues estos problemas infantiles no entran en las soluciones fáciles del ordeno y mando con criterios que soporta una orden escrita en papel.
En estos momentos también el Justicia de Aragón está tratando estos cambios y estas dificultades añadidas a familias aragonesas que tienen niños con dificultades y diferencias educativas.
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