En el año 1564, la Diputación de Aragón pidió al Rey —sin conseguirlo— que las Cortes privaran a la ciudad de Zaragoza del Privilegio de los Veinte. Una manera de entender que ese enfrentamiento entre Zaragoza ciudad y el resto de Aragón viene de muy lejos. Voy a intentar explicar algo de este tema, del que además hay varias versiones o puntos de vista.
El llamado Privilegio de los Veinte fue una de las prerrogativas más extraordinarias que tuvo la ciudad de Zaragoza y una fuente permanente de conflicto con el resto de Aragón. También la tenía Tudela, por poner otro ejemplo que haga más entendible el texto.
En el siglo XVI podía llegar a convertir al Ayuntamiento zaragozano en una jurisdicción que, en determinados asuntos, actuaba prácticamente por encima de los mecanismos judiciales ordinarios del Reino de Aragón. Y eso, en tiempos en que la ciudad era pequeña, no se entendía en absoluto. Hablamos de una ciudad de unos 30.000 habitantes dentro de un Aragón que no llegaría a los 250.000 a 300.000. Zaragoza era en ese momento y aproximadamente el 10% de los habitantes totales de Aragón. Hoy la ciudad de Zaragoza es el 50% del total de habitantes de Aragón.
En aquellos años Calatayud rondaba los 5.000 habitantes; Huesca y Alcañiz, unos 3.000; y Tarazona, Borja y Barbastro, alrededor de 2.000. Zaragoza pues no era simplemente la ciudad más poblada: tenía varias veces la población de cualquier otra ciudad aragonesa. Esto ayuda también a entender su extraordinario peso político y por qué privilegios como el de los Veinte podían preocupar tanto a la Diputación y al resto del Reino.
El privilegio fue concedido por el Rey Alfonso I el Batallador el 5 de febrero de 1129 (fecha más segura de las a veces valoradas), apenas diez años después de la conquista cristiana de Zaragoza. Su contexto es importante. Zaragoza era una ciudad recién conquistada que Alfonso I necesitaba repoblarse, hacerse económicamente atractiva y defender, y por eso concedió a sus habitantes unas condiciones excepcionalmente ventajosas.
El documento otorgaba varios tipos de privilegios. Los zaragozanos podían aprovechar con sus propios derechos de los pastos y determinados recursos naturales, cortar leña, hacer carbón, obtener piedra y yeso y pescar; disfrutaban también de importantes franquicias comerciales, entre ellas exenciones de determinadas lezdas, impuestos sobre la circulación de mercancías. Pero su parte verdaderamente extraordinaria era la relacionada con la defensa de esos derechos.
Alfonso I ordenaba que los habitantes eligieran entre ellos a veinte de los mejores hombres, que debían jurar aquellos fueros y hacer que los jurase después el resto de los pobladores. De ahí procede el nombre de Privilegio de los Veinte. Pero con el tiempo aquello evolucionó. Los Veinte acabaron constituyendo una especie de comisión o tribunal extraordinario de la ciudad, la llamada Veintena, que se activaba cuando Zaragoza consideraba que ella misma, sus vecinos o sus derechos habían sufrido un agravio.
No debemos imaginar, por tanto, un tribunal permanente compuesto desde 1129 siempre de la misma manera. La institución fue evolucionando. Sabemos, por ejemplo, que en actuaciones del siglo XV el concejo elegía veinte miembros, éstos juraban defender los privilegios de Zaragoza y recibían poderes para ejecutar las decisiones correspondientes.
La cláusula fundamental venía a decir que, si alguien intentaba despojar a los vecinos zaragozanos de aquellos derechos, debían ayudarse todos entre sí y podían destruir las casas y bienes del causante del agravio, tanto dentro como fuera de Zaragoza. El propio rey prometía respaldar su actuación. La formulación latina contiene la contundente expresión «destruite illi suas casas et totum quantum habet...». Por eso también se conoció como privilegio del tortum per tortum, aproximadamente «daño por daño» o «agravio por agravio». No parece una privilegio muy legal, muy aceptable, pero en el fondo subsistía una forma de entender que los zaragozanos podían estar por encima de todos los demás por sus propios Fueros. Y eso no es sencillo, nunca, de asumir.
Zaragoza podía considerar que uno de sus ciudadanos había sido agraviado, constituir su Veintena y responder directamente contra personas y bienes sin tener que esperar a que el asunto siguiese todo el procedimiento de la justicia ordinaria del Reino. No era simplemente el derecho de legítima defensa de un particular. Era una represalia institucional de la comunidad zaragozana.
Y llegó a aplicarse con enorme amplitud. En un enfrentamiento comercial con Tortosa a mediados del siglo XV, por ejemplo, Zaragoza autorizó a uno de sus jurados a confiscar bienes pertenecientes a ciudadanos y mercaderes tortosinos para compensar el perjuicio sufrido por un mercader zaragozano. Se llegaron a incautar y subastar mercancías. Se comprende sin dudarlo, que aquel privilegio resultara tan temible y poco justo.
En la Edad Media podía comprenderse como un instrumento para proteger a una ciudad fronteriza recién conquistada y que se tenía que defender con discriminación positiva de sus vecinos a veces complicados y rebeldes. Pero hacia 1550-1564 Zaragoza ya no era aquella ciudad vulnerable de 1129. Era la principal ciudad aragonesa, sede de instituciones, era ya el centro económico y político y una potencia municipal considerable, pero seguía disponiendo de aquellla arma jurídica medieval.
Para los nobles, para el resto de las villas y ciudades aragonesas e incluso la propia Diputación del Reino, esto generaba un problema constitucional. Los fueros generales de Aragón establecían jurisdicciones, tribunales y procedimientos; pero Zaragoza alegaba un privilegio particular que le permitía saltarse, en determinadas circunstancias, buena parte de ellos.
Una investigación sobre las relaciones políticas aragonesas del XVI lo expresa de forma muy reveladora. El Privilegio de los Veinte provocaba la animadversión del resto del Reino hacia Zaragoza, y las peticiones para limitarlo aparecieron reiteradamente en las Cortes. Estamos ahora en el siglo XXI y en parte creo que todavía existe ese dolor, ese odio hacia la Zaragoza que algunos consideran madrastra.
Incluso Huesca se quejaba ya en 1552 del enorme poder de Zaragoza y advertía a su representante en Cortes de Aragón contra las pretensiones de la capital. Zaragoza, que era además la cabeza de las Universidades —el estamento que agrupaba a ciudades, villas y comunidades—, lo que aumentaba todavía más su peso político.
Y entonces ocurrió un conflicto de Mozota, cerca de Muel, que vino a intentar cambiar todo, pues las quejas contra Zaragoza aumentaron tremendamente. En los años inmediatamente anteriores a ese 1564 se produjo un durísimo enfrentamiento entre Zaragoza y los señores de Mozota y Mezalocha, relacionado fundamentalmente con límites territoriales, aprovechamientos y derechos sobre la dehesa de Mozota.
En 1550, Zaragoza llegó a declarar el Privilegio de los Veinte contra Sebastián de Erbás, señor de Mozota. La ciudad actuó violentamente contra bienes y derechos señoriales de Mozota y Mezalocha. Y aquello enfrento incluso violentamente a diversos diputados en las Cortes de Aragón.
En 1557, Iván Coscón, posteriormente señor de Mozota, fue condenado por la jurisdicción del Privilegio de los Veinte a una extraordinaria pena de 100.000 ducados. En 1560 volvió a declararse el Privilegio contra él y, ante el impago, se decidió ocupar Mozota y Mezalocha. Las fuentes vinculan el enfrentamiento a un litigio hidráulico y a que Iván Coscón había hecho armar a sus vasallos, incluidos moriscos, para defender sus derechos y los de su localidad.
Estamos hablando, pues, de algo que iba mucho más allá de una multa municipal. Zaragoza empleaba un privilegio del siglo XII para actuar contra un señor de vasallos y sus dominios en pleno siglo XVI. Hay un documento de 1553 en el que el Consejo de los Veinte vende los señoríos de Mozota y Mezalocha por 5.000 ducados, dentro de esta larga confrontación. Era inevitable que la nobleza y las instituciones del Reino vieran aquello con enorme preocupación.
En las Cortes de Aragón del año de 1563-1564, celebradas bajo Felipe II, la Diputación del Reino de Aragón pidió que Zaragoza fuese privada de aquellos Privilegio de los Veinte. La petición fracasó y el privilegio sobrevivió. La cronología histórica publicada por la Institución Fernando el Católico registra expresamente el hecho: «La Diputación pide en vano al rey en Cortes que prive a Zaragoza del Privilegio de los Veinte».
Como no hay documento original de esa petición de 1564, que muestre una exposición detallada de sus motivos, no es posible afirmar con rotundidad que el caso de Mozota fue la causa única y directa de la petición. Pero cronológica y políticamente es muy difícil separar ambas cosas. El conflicto de Mozota había demostrado, apenas cuatro años antes, de una manera espectacular, qué podía hacer Zaragoza cuando ponía en marcha la Veintena.
Y sabemos por otras investigaciones que durante el XVI el Privilegio era objeto de oposición reiterada por parte de los estamentos del Reino de Aragón. Lo correcto sería decir que la petición de 1564 se produjo en el contexto de una creciente oposición al Privilegio de los Veinte, intensificada por conflictos recientes como el de Mozota.
Podríamos pensar que un monarca como Felipe II, partidario del fortalecimiento de la autoridad real, querría acabar con una jurisdicción municipal tan extraordinaria. Pero la relación entre la Corona de Aragón y Zaragoza era más compleja. Zaragoza había sido tradicionalmente una ciudad muy vinculada a la monarquía del Estado o de la Corona y constituía en Aragón un contrapeso al poder de la alta nobleza. Los estudios sobre la política del siglo XVI muestran que la Corona protegió repetidamente determinadas prerrogativas zaragozanas. En el caso concreto del Privilegio de los Veinte, los ministros reales llegaron a considerar que podía resultar útil para determinados fines de la propia monarquía.
Esto se verá claramente unos años después. Ante el grave problema del bandolerismo, Zaragoza utilizó nuevamente el Privilegio en 1588 contra bandoleros y salteadores, y la Corona vio utilidad en esa capacidad excepcional de actuación. Incluso después de las Alteraciones de Aragón de 1591, cuando Felipe II reformó severamente el sistema político aragonés recortando parte de los Fueros, sus consejeros llegaron a plantearse que se reconociese expresamente la excepcionalidad del Privilegio de los Veinte frente a la jurisdicción del Justicia de Aragón. El mismo privilegio que irritaba profundamente al Reino podía ser útil al rey.
Zaragoza decía: «Tenemos un privilegio real antiquísimo, confirmado durante siglos, que nos permite defender directamente nuestros derechos y los de nuestros vecinos». La Diputación de Aragón y buena parte del Reino respondían: «Ese privilegio permite que una sola ciudad actúe sobre personas y territorios de la totalidad del Reino al margen de las garantías y jurisdicciones establecidas por los Fueros». Y la Corona desde Madrid —se había cambiado desde Toledo a Madrid hacía poco tiempo, incluso estuvo en Valladolid entre 1601 y 1606— se encontraba en medio, pero no era neutral. Muchas veces le convenía mantener fuerte a Zaragoza frente a otros poderes aragoneses. Por eso el asunto no era una simple disputa jurídica. Era una lucha por determinar quién tenía capacidad efectiva para ejercer el poder dentro de Aragón.
Además, el problema siguió vivo durante mucho tiempo. En 1584 los Diputados volvieron a quejarse al rey de que Zaragoza utilizaba el Privilegio para obligar a vender trigo al precio que fijaba la propia ciudad; y en 1591 se llegó a una concordia entre la Diputación de Aragón y la ciudad de Zaragoza destinada a poner límites y reglas a las Veintenas. Por tanto, la petición fallida de 1564 no fue un episodio aislado, sino un capítulo de un enfrentamiento de larga duración entre el particularismo jurídico de Zaragoza y el orden foral general de Aragón.
Zaragoza en aquellas décadas, no sólo era la capital política de Aragón. Gracias al Privilegio de los Veinte disponía de un mecanismo de coerción propio que ninguna otra ciudad aragonesa poseía con semejante amplitud. Esa es la razón profunda por la que el privilegio despertó tanta resistencia.
Aquel Privilegio zaragozano sobrevivió durante siglos y sólo desapareció definitivamente con la destrucción del régimen foral aragonés tras los Decretos de Nueva Planta de Felipe V, a comienzos del siglo XVIII.
