Es Aragón una nación, debería recuperar ese concepto?

RESUMEN.: Aragón posee una identidad histórica y cultural propia, reflejada en sus lenguas, tradiciones, derecho, instituciones, patrimonio y memoria colectiva. Reconocer esa personalidad no implica defender la independencia. Uno de los errores habituales es confundir nación con Estado independiente. Aragón tuvo durante siglos: leyes, instituciones y organización política propia, y conserva hoy una identidad diferenciada reconocida como «nacionalidad histórica». España puede entenderse como la convivencia de distintos pueblos y realidades históricas, no necesariamente como una identidad homogénea. Admitir que Aragón es una nación histórica no tendría por qué debilitar España. Reconocer esa realidad debería servir para fortalecer una convivencia basada en el respeto, la pluralidad y la historia compartida.

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Deberíamos ser capaces de despojar esta cuestión de llamar Nación a Aragón, del temor a una separación de España, a una ruptura de la unidad de la nación española, y huir de tabúes y temores. Hablar de nación no tendría que equivaler automáticamente a hablar de independencia. Son conceptos distintos, aunque durante demasiado tiempo hayan aparecido mezclados en el debate político español. Una comunidad puede considerarse nación y, al mismo tiempo, decidir libremente formar parte de un Estado compartido con otras comunidades históricas. Hay muchos ejemplos en Europa y en otras partes del mundo. Y funcionan muy bien.

La cuestión tampoco tiene una respuesta sencilla, porque resulta extraordinariamente difícil establecer una frontera exacta entre conceptos como nación, país, pueblo, Estado, nacionalidad o territorio histórico.

No existe una definición universal de nación que sea aceptada sin discusión. Hay naciones que poseen un Estado propio y otras que no lo tienen; existen Estados que albergan en su interior distintas identidades nacionales; y hay pueblos cuya conciencia de pertenencia ha cambiado considerablemente a lo largo de los siglos.

Precisamente por ello, el nacionalismo —tanto el que reivindica identidades territoriales como el nacionalismo de Estado— utiliza con frecuencia la historia para justificar posiciones políticas previamente adoptadas para encaminarse a un objetivo. Se seleccionan acontecimientos, instituciones, fronteras o tradiciones que sirven para defender una determinada concepción del presente. Pero la historia es casi siempre mucho más compleja que los relatos políticos construidos posteriormente a partir de ella.

Explicar hoy el Aragón social y el sentimiento aragonés de hace varios siglos suena a imposible y a veces a manipulador, desde todos los lugares del debate. Fuimos una cosa, somos otra forma de ser, y tenemos que pensar siempre qué queremos ser por el bien de nuestro transcurrir ante la historia, pensando en los que vendrán.

Personalmente, considero que Aragón puede ser entendido hoy, en 2026, como una nación histórica no siempre reconocida.

Y digo «nación histórica» porque su realidad —como todos sabemos— no comienza con la actual Comunidad Autónoma ni con la Constitución de 1978. Aragón posee una continuidad histórica, territorial, jurídica, institucional y cultural de muchos siglos que difícilmente puede reducirse a una simple división administrativa española.

La importancia de Aragón fue de tal magnitud, que por muchos que intentemos olvidarla para que no sea una nación, no es posible. Si acaso por motivos del momento político, podemos olvidarlo en un cajón. Pero insistió que esto no quiere decir que se habla de independencia, sino de derechos perdidos.

El actual Estatuto de Autonomía define expresamente a Aragón como una «nacionalidad histórica». Esa denominación tiene importancia, aunque no sea jurídicamente equivalente al concepto de nación. El Reino de Aragón, por su parte, pertenece a la realidad histórica de la que procede el Aragón contemporáneo, aunque actualmente «Reino de Aragón» no sea la denominación jurídica oficial de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Aragón dispone, en primer lugar, de un territorio históricamente reconocible que, con las modificaciones inevitables producidas a través de los siglos, ha conservado una notable continuidad. Pero una nación no se construye solamente sobre un territorio. También necesita una memoria colectiva, unas instituciones, una determinada cultura política y una forma propia de entender su relación con el poder. Es decir, una sociedad que se sienta nación propia.

Y Aragón posee todo ello, excepto lo último en muchos casos, por efecto de la mala explicación manipuladora.

Durante siglos desarrolló instituciones propias, leyes propias, sistemas fiscales particulares y una concepción política basada en los Fueros y en la relación entre el rey y el reino. Existieron las Cortes de Aragón, la Diputación del Reino, el Justicia de Aragón y un importante cuerpo jurídico propio. No estamos hablando, por tanto, de una identidad inventada recientemente, sino de una tradición institucional que se remonta a la Edad Media. Algunas de estas formas propias siguen existiendo.

Buena parte de aquella personalidad política y jurídica desapareció o quedó profundamente transformada después de acontecimientos históricos que no fueron decididos exclusivamente por los propios aragoneses. Los Decretos de Nueva Planta de comienzos del siglo XVIII modificaron de manera decisiva la estructura institucional de la antigua Corona de Aragón. Eso no significa que Aragón desapareciera como realidad histórica, cultural o social. Significa que perdió una parte importante de su capacidad política propia dentro de una nueva concepción del Estado. De forma temporal, pues la historia no se puede borrar.

También existe una personalidad cultural aragonesa. No puede reducirse solamente a una lengua, porque las identidades colectivas son mucho más complejas. Aragón posee el castellano hablado con características propias, pero también el aragonés y el catalán de Aragón, además de costumbres, tradiciones, formas de convivencia, patrimonio, derecho civil, literatura, música y una memoria histórica compartida.

Nada de esto obliga a convertirse en un Estado independiente. Pero son detalles de la existencia de una forma colectiva de ser y comportarse.

Aquí se encuentra, en mi opinión, una de las confusiones fundamentales del debate español por el miedo que se emana desde otros territorios que nunca fueron nación. Reconocer la existencia de diferentes naciones históricas dentro de España no significa necesariamente destruir España. Incluso podría suceder lo contrario, que una España capaz de reconocer con naturalidad su pluralidad histórica resultara más sólida que otra empeñada en negar cualquiera de sus diferencias.

Cataluña posee una identidad nacional fuertemente arraigada en una parte muy considerable de su sociedad. Algo semejante, aunque con historias y características distintas, sucede en el País Vasco y Navarra. Negar esas realidades porque algunas de sus fuerzas políticas hayan defendido la independencia conduce a mezclar dos cuestiones diferentes: la existencia de una identidad nacional y la voluntad de crear un Estado independiente. Querer ser nación y querer serlo fuera de España.

Aragón presenta una situación distinta. Su nacionalismo político ha sido históricamente mucho menos intenso y la voluntad de separación de España es extraordinariamente minoritaria. Pero una menor reivindicación nacionalista no significa necesariamente una menor personalidad histórica, un menor reconocimiento de que fue Nación y que por claros trapicheos en 1976 y 1977 se perdió el camino del reconocimiento.

Una nación no debería medirse por el volumen de las manifestaciones, por el número de banderas en los balcones o por la fuerza electoral de los partidos nacionalistas. Aunque el ejemplo de Suiza llena de banderas diferentes en sus calles nos tiene que hacer entender que también la guerra de las banderas es un tema manipulado y muy manipulable. Puede existir una nación profundamente integrada en un Estado común.

De hecho, esta cuestión obliga a preguntarnos también qué entendemos por España. Si concebimos España como una única identidad nacional homogénea dentro de la cual las demás identidades son exclusivamente regionales, la posibilidad de considerar Aragón una nación resultará difícil de aceptar. Pero España no es una única identidad nacional. Un catalán, un andaluz, un canario y un gallego parten de culturas y formas sociales de "ser" que difieren bastante. Un catalán es más cercano a un francés o muchos extremeños a los portugueses, mientras los murcianos mantienen una personalidad en algunos detalles muy similar al mundo árabe.

Si, por el contrario, entendemos España como el resultado histórico de la convivencia y unión de distintos pueblos, reinos y comunidades políticas a lo largo de muchos siglos de diferencia, resulta mucho más sencillo admitir que puedan coexistir diferentes identidades nacionales dentro de un mismo Estado. Y posiblemente esa segunda interpretación se acerque más a la complejidad real de nuestra historia.

En Europa tenemos numerosos ejemplos de estructuras políticas construidas mediante la unión de territorios con historias e identidades diferentes, aunque no todas sean comparables entre sí. El Reino Unido, la Confederación Suiza, Alemania, Bélgica o la propia Unión Europea responden a fórmulas políticas muy distintas, pero demuestran que identidad, soberanía y pertenencia política no tienen por qué coincidir siempre dentro de unas mismas fronteras conceptuales.

También la idea de una unión política entre España y Portugal —la vieja aspiración de un posible iberismo o de una federación ibérica— ha aparecido en diferentes momentos de nuestra historia. Hoy puede parecer improbable, pero sirve para recordar algo importante: las fronteras políticas y las formas de organización de los Estados no son eternas. Cambian porque cambia la historia, cambian las personas que deciden.

Lo fundamental debería ser que esas transformaciones, cuando se produzcan, respondan a procedimientos democráticos, pacíficos y respetuosos con las personas. Mirando lo positivo, el futuro, y a las personas que van llegando y llenando nuestros territorios.

Las uniones políticas pueden ser legítimas y también pueden serlo —en determinadas circunstancias— las separaciones acordadas democráticamente. La historia ofrece ejemplos de ambas cosas. Lo peligroso no es discutir sobre ellas, sino convertir esas discusiones en conflictos irreconciliables. Es positivo hablar. Es muy negativo forzar las situaciones sin contar con las sociedades implicadas.

Podría utilizarse aquí la comparación con un matrimonio, aunque sea imperfecta. El hecho de que exista legalmente la posibilidad de divorciarse no significa que los matrimonios estén pensando continuamente en hacerlo. Incluso podría argumentarse lo contrario: permanecer juntos cuando existe la libertad de separarse otorga un significado diferente a esa convivencia. La unión deja de basarse únicamente en la obligación, para descansar también en la voluntad de continuar compartiendo un proyecto. Algo semejante podría decirse de los pueblos, las naciones, las fronteras.

Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los aragoneses no desea separarse de España. Aragón no necesita independizarse para afirmar su identidad. Puede Aragón sentirse profundamente aragonés y vinculado a España sin que exista contradicción alguna entre ambas cosas. Pero precisamente por eso tampoco debería existir miedo a plantear otra pregunta: ¿por qué reconocer a Aragón como nación histórica tendría que constituir una amenaza? Quizá el verdadero problema sea que durante décadas hemos identificado automáticamente la palabra «nación» con la posesión de un Estado independiente. Y no necesariamente tiene que ser así.

Aragón fue durante siglos una realidad política diferenciada. Tuvo instituciones, leyes, territorio, soberanía compartida dentro de estructuras políticas más amplias y una personalidad histórica extraordinariamente definida. Posteriormente perdió una parte de aquellas instituciones por una decisión de un Rey, pero no perdió su historia. Hoy conserva una identidad propia reconocida incluso por su Estatuto de Autonomía como «nacionalidad histórica».

Por todo ello, personalmente considero razonable afirmar que Aragón es una nación histórica. Una nación que no necesita enfrentarse a nadie para serlo. Una nación que puede formar parte de España por voluntad política, por historia compartida, por intereses comunes y por vínculos humanos construidos durante siglos.

Reconocerlo no debería debilitarnos. Tal vez sucedería justamente lo contrario. Una España capaz de asumir sin miedo que está formada por pueblos con historias y sensibilidades diferentes tendría más posibilidades de construir un proyecto común basado en el reconocimiento mutuo, que otra que necesitara negar esas diferencias para mantenerse unida. Fuimos un reino y una comunidad política con personalidad propia. Somos una sociedad que conserva una identidad histórica reconocible. Y seguiremos siendo Aragón cuando ninguno de nosotros esté ya aquí para discutir sobre estas cuestiones.

Porque los sistemas políticos cambian, las fronteras cambian y las generaciones desaparecen. La historia, en cambio, continúa incluso aunque la queramos tapar pues siempre vendrá alguien que la rescatará. Y Aragón lleva muchos siglos dentro de una historia propia y diferenciada.

Julio Puente