El nombramiento en el año 1554 del castellano Conde de Melito, como virrey de Aragón, produjo protestan serias entre los aragoneses. Ese nombramiento fue un episodio importante del pleito por respeto entre el Rey de España y Aragón, por poner a un virrey considerado extranjero, en el Aragón todavía claramente foral de aquellos años.
En 1554, Carlos I nombró virrey de Aragón a Diego Hurtado de Mendoza y de la Cerda, II conde de Mélito y Duque de Francavilla, I marques de Argecilla, conde de Miedes, Mandayona y Aliano, virrey de Aragón, Cataluña y Valencia, presidente del consejo de Italia y comendador de Guadalcanal de la Orden de Santiago, que no era natural del reino de Aragón. Efectivamente, títulos le sobraban.
Y eso fue visto por muchos aragoneses como un contrafuero, porque los fueros aragoneses defendían que ciertos cargos del reino debían recaer siempre, en ciudadanos naturales de Aragón. Un enfrentamiento claro entre los Austrias y el Reino de Aragón.
El nombramiento no fue una anécdota aislada, sino parte de una larga tensión entre la monarquía y las instituciones aragonesas sobre quién podía ser virrey en Aragón. La oposición aragonesa consideraba que un virrey “extranjero” rompía el equilibrio foral y podía favorecer más directamente la autoridad real centralista frente a las instituciones del reino.
Las protestas venían de la defensa de los Fueros de Aragón, que limitaban claramente la intervención de la Corona española en los cargos clave del Reino de Aragón. Para las élites aragonesas, el problema no era solo la persona concreta, sino el precedente político. No se debía aceptar a un virrey castellano, pues significaba debilitar una de las garantías jurídicas del reino.
Este episodio forma parte de una disputa mucho más larga que ya venía desde finales del siglo XV y que seguiría activa hasta las Alteraciones de Aragón y la solución foral de 1592. Por eso, el nombramiento del conde de Mélito en 1554 es relevante: muestra cómo la Corona fue empujando los límites de la autonomía aragonesa, y cómo Aragón respondió invocando sus leyes propias.
Diego Hurtado de Mendoza de la Cerda, II conde de Mélito, había nacido en 1515 y fue virrey de Aragón entre los años 1554 y 1556.
Su nombramiento no produjo una ruptura institucional en ese mismo momento, pero sí alimentó una tensión sostenida entre la Corona de España y el Reino de Aragón que siguió viva durante años. En la práctica, el nombramiento reforzó la desconfianza hacia la política regia y dejó un precedente sensible sobre la designación de virreyes “extranjeros”.
Diego Hurtado sirvió al monarca sin comprender ni valorar el peculiar régimen de los Fueros de Aragón, que quebró reiteradamente, y a los dos años tuvo que abandonar precipitadamente Zaragoza, si bien el rey no nombró nuevo Lugarteniente hasta 1566, en que fue sustituido por el arzobispo de Zaragoza Hernando de Aragón.
En el año de 1555, un año después de llegar y saltándose un proceso foral aragonés de inhibición de las autoridades del Reino de España ante el Privilegio de Manifestación aragonés, que era quien debía juzgar, ordenó la ejecución de un herrero de la localidad de Zuera acusado de contrabando de caballos. Aquello se vio como un ataque frontal a los fueros y libertades de Aragón, provocando una gran contestación y un proceso ante el Justicia de Aragón incoado por la Diputación del General del Reino de Aragón.
Tras excusarse, Diego Hurtado en nombre del rey, los diputados aragoneses admitieron las excusas y detuvieron las acciones judiciales. Sin embargo, al año siguiente, volvió a ejecutar saltándose otra vez las Leyes aragonesas a otro preso acogido al derecho o Privilegio de Manifestación.
El nombramiento no fue una anécdota aislada, sino parte de una larga tensión entre la monarquía y las instituciones aragonesas sobre quién podía ser virrey en Aragón. La oposición aragonesa consideraba que un virrey “extranjero” rompía el equilibrio foral y podía favorecer más directamente la autoridad real centralista frente a las instituciones del reino.
Las protestas venían de la defensa de los Fueros de Aragón, que limitaban claramente la intervención de la Corona española en los cargos clave del Reino de Aragón. Para las élites aragonesas, el problema no era solo la persona concreta, sino el precedente político. No se debía aceptar a un virrey castellano, pues significaba debilitar una de las garantías jurídicas del reino.
Este episodio forma parte de una disputa mucho más larga que ya venía desde finales del siglo XV y que seguiría activa hasta las Alteraciones de Aragón y la solución foral de 1592. Por eso, el nombramiento del conde de Mélito en 1554 es relevante: muestra cómo la Corona fue empujando los límites de la autonomía aragonesa, y cómo Aragón respondió invocando sus leyes propias.
Diego Hurtado de Mendoza de la Cerda, II conde de Mélito, había nacido en 1515 y fue virrey de Aragón entre los años 1554 y 1556.
Su nombramiento no produjo una ruptura institucional en ese mismo momento, pero sí alimentó una tensión sostenida entre la Corona de España y el Reino de Aragón que siguió viva durante años. En la práctica, el nombramiento reforzó la desconfianza hacia la política regia y dejó un precedente sensible sobre la designación de virreyes “extranjeros”.
Diego Hurtado sirvió al monarca sin comprender ni valorar el peculiar régimen de los Fueros de Aragón, que quebró reiteradamente, y a los dos años tuvo que abandonar precipitadamente Zaragoza, si bien el rey no nombró nuevo Lugarteniente hasta 1566, en que fue sustituido por el arzobispo de Zaragoza Hernando de Aragón.
En el año de 1555, un año después de llegar y saltándose un proceso foral aragonés de inhibición de las autoridades del Reino de España ante el Privilegio de Manifestación aragonés, que era quien debía juzgar, ordenó la ejecución de un herrero de la localidad de Zuera acusado de contrabando de caballos. Aquello se vio como un ataque frontal a los fueros y libertades de Aragón, provocando una gran contestación y un proceso ante el Justicia de Aragón incoado por la Diputación del General del Reino de Aragón.
Tras excusarse, Diego Hurtado en nombre del rey, los diputados aragoneses admitieron las excusas y detuvieron las acciones judiciales. Sin embargo, al año siguiente, volvió a ejecutar saltándose otra vez las Leyes aragonesas a otro preso acogido al derecho o Privilegio de Manifestación.
Entre 1554 y 1556 ejerció como virrey del reino de Aragón con serios problemas, donde, fracasando políticamente al volver a sentenciar a muerte a Sebastián Calasanz de Benavarri, condenado por bandolerismo, lo que fue considerado un ataque a las constituciones y libertades forales, provocando una revuelta en Zaragoza, de la que huyó refugiándose en la Aljafería, colmando la paciencia de los aragoneses, y los vecinos de Zaragoza fueron a por él por lo que Diego Hurtado de Mendoza hubo de refugiarse en el Palacio de la Aljafería para salvar su vida, y abandonar la ciudad del Ebro con toda rapidez.
