Para los zaragozanos que piensen que el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Capitalidad es cosa de despachos, una advertencia. Nos puede costar muy muy muy caro a todos los ciudadanos de esta ciudad. Y podría no ser broma, si a partir de este momento no se toman en consideración por todas las partes, que es mejor no hurgar demasiado en la herida de este error por parte de muchos, pues los costes pueden ser brutales. Y me explico.
Si en la sentencia final del Tribunal Constitucional se dijera que la suspensión de este artículo tuviera carácter retroactivo, es decir, si en el recurso se solicitara este punto y se tuviera que sentenciar sobre este aspecto, eso supondría que todas las decisiones tomadas en estas cuatro empresas públicas no tendrían validez. Las responsabilidades ya no serían sólo jurídicas y de cambio de normativas, sino que acarrearía la suspensión de contratos firmados, decisiones adoptadas, ceses y nombramientos efectuados.
En estos seis meses de uso de la Ley que podría ser considera anticonstitucional se ha tomado muchas decisiones, algunas millonarias. Volver al punto de partida de febrero es complicadísimo, pero las personas afectadas pueden reclamar judicialmente. Un melón costosísimo de abrir.
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